Tal y como comentamos hace unas semanas, la mayoría de grupos parlamentarios apoyaban enmiendas a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información para garantizar el acceso universal a la banda ancha y que no pudieran cerrarse webs sin decisión judicial. Finalmente, parecía que el Grupo Socialista también iba a apoyar dichas modificaciones, pero no es oro todo lo que reluce.

Según el análisis de las enmiendas presentadas, no se regularía realmente la banda ancha como servicio universal porque la ley remitiría a una normativa europea inexistente, de modo que no se especificaría en ningún sitio las velocidades mínimas. Por otro lado, la potestad de los jueces de restringir contenidos de una web solo se daría cuando chocara con la libertad de expresión o información, manteiniéndose la ambigüedad sobre cuáles son estos casos. Por el momento, seguimos más o menos como antes.